Para enmendar la Sección 9-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la "Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos", a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (A) de la Sección 2 de la Ley Num. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a los fines de imponer penalidades mas severas por violaciones a dicha Ley; y para otros fines relacionados.

La Ley 30-2026 enmienda el inciso (A) de la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 1948 para endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar ilegales. Establece que incurrir en delito grave al dirigir, abrir o tener interés económico en juegos de azar no autorizados será sancionado con una multa fija de $15,000 o reclusión por un año, o ambas. Las convicciones subsiguientes elevan la multa fija a $25,000 o reclusión por tres años, o ambas. Afecta a toda persona que participe en juegos prohibidos en lugares sin licencia, y de manera más severa a quienes operan o se benefician económicamente de estos establecimientos clandestinos.

Para enmendar la Ley Num. 81-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de insertar un nuevo Artículo 3.16 para prohibir a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostaran; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley Núm. 81-2019, conocida como la Ley de la Comisión de Juegos, para insertar un nuevo Artículo 3.16. Este nuevo artículo prohíbe a los Operadores de juegos, sus componentes o proveedores de servicios, recolectar información sobre las apuestas de jugadores autorizados con el propósito de predecir su comportamiento futuro al apostar. La prohibición aplica a todos los jugadores autorizados y establece multas según el Artículo 2.7 de la ley principal.

Para enmendar los Artículos 15, 18, 19, 19-A, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 27(A) de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular" a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico".

La medida propone enmendar varios artículos (15, 18, 19, 19-A, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 27(A)) de la Ley Núm. 8 de 1987, conocida como 'Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular'. El objetivo es adecuar las disposiciones y los delitos tipificados en dicha ley al sistema de penas vigente en el Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146 de 2012). Afecta directamente a las personas sujetas a las disposiciones de la Ley 8 de 1987 y al sistema de justicia penal en lo referente a delitos contra la propiedad vehicular.