Para derogar la Ley Núm. 312 de 13 de mayo de 1949, según enmendada, mediante la cual se autorizó a la otrora figura del Inspector de Cooperativas a que examinara e investigara las cuentas, libros, acuerdos, transacciones, propiedades, contratos, fondos, inversiones y cualesquiera otras materias y actividades relacionadas con la situación económica y funcionamiento de las cooperativas.

Para enmendar el Artículo 14.0 de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004”, a los fines de disponer que en caso de que haya transcurrido más de un año desde que se asumió el cargo sin que algún integrante de junta o comité de supervisión haya cumplido con tomar y aprobar los cursos de capacitación cooperativa, la Junta de Directores de la Cooperativa le requerirá al director o integrante de comité que cumpla con dicho requerimiento dentro de un plazo que no podrá exceder de seis meses luego de notificado dicho requerimiento; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar el Artículo 14.0 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004. El cambio principal es que, si un integrante de junta o comité de una cooperativa no ha completado su capacitación cooperativa dentro del primer año de su nombramiento, la Junta de Directores le requerirá que lo haga en un plazo máximo de seis meses. Esto afecta directamente a los directores y miembros de comités de todas las cooperativas en Puerto Rico que no cumplan con el requisito de capacitación en el tiempo establecido.

Para enmendar el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, a los fines de autorizar el voto por poder en las asambleas de socios, delegados y distritos, sujeto a los controles y procedimientos establecidos en el reglamento general de cada cooperativa

Esta medida enmienda el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 255-2002, conocida como la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002. Autoriza a los socios personas naturales a emitir su voto en las asambleas de socios, delegados o de distrito mediante un apoderado (voto por poder). Anteriormente, solo las personas jurídicas podían votar a través de un representante. El ejercicio de este voto por poder estará sujeto a los controles, requisitos y limitaciones que cada cooperativa establezca en su reglamento general, y a parámetros de transparencia y equidad de la Corporación (presumiblemente la Administración de Cooperativas).