Para enmendar la Sección 4, de la Ley Núm. 37 de 18 de enero de 2024, a los fines de aclarar las disposiciones sobre la vigencia de dicha Ley, que enmendó varias disposiciones de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Los municipios y agencias que implementan programas de vivienda, al buscar clarificar un marco legal que les causaba problemas operativos y administrativos. También beneficia a las familias de bajos recursos que dependen de estos programas, al intentar asegurar su continuidad y estabilidad.

Preocupa a:

Cualquier entidad o ciudadano que haya basado sus acciones o derechos en una interpretación particular de la retroactividad original de la Ley 37-2024, ya que la ambigüedad en la enmienda podría reabrir disputas o generar nueva incertidumbre legal.

Quién paga o decide:

Los costos de implementación y reglamentación recaen sobre las agencias y departamentos pertinentes del gobierno de Puerto Rico. La decisión final sobre cómo interpretar y aplicar la ley recae, en primera instancia, en estas instrumentalidades, y en última instancia, en los tribunales si surgen disputas.