Para crear la “Ley de Prioridad en el Restablecimiento de Servicios Esenciales para Hogares Sustitutos y de Transición”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los hogares sustitutos y de transición bajo la supervisión del Departamento de la familia sean incluidos como prioridad en los planes de restablecimiento de los servicios esenciales luego de una emergencia o desastre; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales. El propósito es agilizar la tramitación de pagos por estos servicios cuando los ciudadanos cuenten con subvenciones gubernamentales, exenciones o incentivos. Esta designación aplicará específicamente durante declaraciones de estado de emergencia emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos. La medida busca asegurar la continuidad y eficiencia en la provisión de estos cuidados críticos en momentos de crisis.

Para enmendar el Artículo 5 de Ley 84-2021, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social” con el fin de incluir entre los miembros de la Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico al Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o su representante designado, a la Procuradora de las Mujeres o su representante designado, un (1) representante designado por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, un (1) representante designado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, así como dos (2) miembros en representación del interés público recomendados respectivamente, uno (1) por el Presidente(a) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y uno (1) por el Presidente(a) del Senado de Puerto Rico al Gobernador(a); establecer los debidos procedimientos para tal designación; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1034 enmienda el Artículo 5 de la Ley 84-2021 para expandir la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social. Se añaden al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Procuradora de las Mujeres, representantes de la Asociación y Federación de Alcaldes, y dos miembros de interés público recomendados por los presidentes de Cámara y Senado. El objetivo es fortalecer la capacidad multisectorial del organismo para formular, coordinar y evaluar estrategias contra la pobreza y desigualdad.

Para crear la “Ley de Crédito Automático por Apagones”; establecer un crédito automático en la factura eléctrica otorgado de oficio por interrupciones del servicio eléctrico que excedan de cuatro (4) horas; imponer la obligación de publicar métricas mensuales de confiabilidad por subestación y alimentador; disponer multas administrativas escalonadas por incumplimiento de los plazos de restitución del servicio y de los deberes de información; facultar al Negociado de Energía de Puerto Rico para su implantación y fiscalización; y para otros fines relacionados

La medida propone crear la 'Ley de Crédito Automático por Apagones'. Establece que los clientes finales recibirán automáticamente un crédito en su factura eléctrica si sufren una interrupción del servicio por más de cuatro (4) horas consecutivas. Obliga al operador del sistema a publicar métricas mensuales de confiabilidad por subestación y alimentador, y faculta al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para imponer multas administrativas escalonadas por incumplimiento de plazos de restitución o deberes de información. Afecta directamente a todos los clientes residenciales y comerciales del servicio eléctrico y al operador del sistema de transmisión y distribución.