Para enmendar los Artículos 3 y 5 de la Ley 293-2004, según enmendada, conocida como "Ley del Fondo Permanente para la Preservación Ambiental de Culebra y Vieques", a los fines de hacer correcciones técnicas, y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por el propósito de hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos; enmendar las Secciones 3.5, 3.15, 4.2 y 4.7 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 9.8, 13.1, 14.1 y 14.6 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 12 y 19 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como “Ley Sobre Política Pública Ambiental”; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida crea la "Ley de Legitimación Activa Ambiental" para otorgar a cualquier persona en Puerto Rico el derecho estatutario de presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar en cualquier acción civil o administrativa relacionada con asuntos ambientales. Esto se logra al enmendar leyes clave como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017), la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161-2009) y la Ley Sobre Política Pública Ambiental (Ley 416-2004). El objetivo es facilitar la participación ciudadana en la defensa y cumplimiento de la política pública ambiental.

“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 416-2004, según enmendada, denominada “Ley sobre Política Pública Ambiental”; enmendar el Artículo 1.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, denominada “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; y decretar la invalidez de ciertos documentos ambientales emitidos con más de cinco (5) años de anterioridad; con el fin de establecer un término de vigencia de cinco (5) años para los documentos ambientales identificados en esta Ley; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida propone enmendar la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley 416-2004) y la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161-2009) para establecer formalmente una vigencia de cinco (5) años para documentos ambientales clave como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Determinaciones de Cumplimiento Ambiental (DCA). Además, busca declarar inválidos aquellos documentos ambientales emitidos con más de cinco (5) años de anterioridad a la aprobación de la ley, con el fin de asegurar que la información ambiental utilizada en los procesos de permisos esté actualizada y refleje las condiciones actuales y los efectos de fenómenos recientes.

“Para enmendar los artículos 2, 3, 4 y 5, añadir nuevos artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, y renumerar los actuales artículos 6, 7, 8, como los artículos 11, 12, 13, respectivamente, en la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico”, a los fines de incluir al Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y al Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico, a una persona del sector privado que pertenezca al sector turístico y a una persona de una organización sin fines de lucro comprometido con el ambiente, como miembros de la Junta aquí creada; establecer responsabilidades de las agencias gubernamentales y disponer la responsabilidad de las plataformas de alquileres a corto plazo, los hoteles y los paradores de Puerto Rico de enviar una alerta a sus huéspedes para informar la peligrosidad de las playas en Puerto Rico; proveer para la confección y presentación de un nuevo “Plan de Trabajo Integral”; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.”

La medida enmienda la Ley 293-1999 para expandir la composición de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, añadiendo al Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y al Principal Ejecutivo de Innovación e Información, junto a un representante del sector turístico privado y uno de una organización ambiental sin fines de lucro. También impone a plataformas de alquileres a corto plazo, hoteles y paradores la responsabilidad de alertar a sus huéspedes sobre la peligrosidad de las playas, y exige la creación de un nuevo "Plan de Trabajo Integral" para la Junta.