Para derogar la Ley 212-2014, conocida como "Ley de Desarrollo y Preservación del Tren de Arroyo", a fin de eliminar del ordenamiento jurídico un organismo interagencial inoperante desde 2015, evitar duplicidad administrativa y modernizar el andamiaje gubernamental de Puerto Rico.

Para establecer como política pública la preservación del patrimonio relacionado a las rutas de las antiguas vías de ferrocarriles desarrolladas en Puerto Rico entre 1891 y 1957; requerir a las entidades gubernamentales pertinentes, en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, identificar y establecer una ruta de transporte no-motorizado y turismo histórico, cultural y ecológico en las inmediaciones de las antiguas vías de ferrocarriles; preparar e implementar planes de mercadeo y publicidad para fomentar el uso de la red de transporte no-motorizado; y para establecer otras disposiciones complementarias.

Esta medida establece como política pública la preservación de las antiguas rutas de ferrocarril de Puerto Rico (1891-1957). Requiere que entidades gubernamentales pertinentes, en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, identifiquen y desarrollen estas rutas como corredores para transporte no motorizado, turismo histórico, cultural y ecológico. También exige la creación e implementación de planes de mercadeo para fomentar su uso.

Para derogar la Ley Núm. 90 de 29 de julio de 2011, conocida como la “Ley para la Creación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor”; transferir sus funciones, poderes, personal, presupuesto y recursos al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); disponer la transición completa para el 30 de junio de 2026; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone la derogación de la Ley Núm. 90 de 2011, que creó la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OPIC). Busca transferir todas las funciones, poderes, personal, presupuesto y recursos de la OPIC al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La transición completa deberá ocurrir antes del 30 de junio de 2026, unificando así la protección al consumidor bajo una sola agencia.

Para derogar la Ley Núm. 7 de 8 de junio de 1972, según enmendada, comúnmente llamada como la “Ley del Medallón”, por haberse constituida esta, en una Ley obsoleta e inoficiosa; y para otros fines relacionados.

La medida propone la derogación total de la Ley Núm. 7 de 8 de junio de 1972, conocida como la Ley del Medallón. El propósito declarado es eliminar una ley que se considera obsoleta e inoficiosa. Esto significa que la ley que establecía el requisito del medallón vehicular dejará de tener efecto legal y no se aplicará más.