Para ordenar a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, así como a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, a cumplir con el Artículo 2 de la Ley 226-2015, y ejecutar de manera inmediata una campaña masiva de orientación y educación a la ciudadanía para dar fiel cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4.12(B) de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; permitir acuerdos de colaboración entre las agencias concernidas para el cumplimiento de esta Resolución Conjunta; ordenar la presentación de informes de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Departamento de Hacienda, poner en vigor lo establecido en la Ley 96-2022, la cual enmienda la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que cuando un ciudadano haya presentado un recurso de revisión relacionado con las faltas administrativas o multas de tránsito, y no prevalezca, los términos que tienen las personas para acogerse a los descuentos provistos en el Artículo 23.05 de la precitada Ley 22-2000, comiencen a decursar cuando la resolución o sentencia dictada por el Tribunal correspondiente advenga final, firme e inapelable; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Departamento de Hacienda a implementar efectivamente lo dispuesto por la Ley 96-2022. Dicha ley enmendó la Ley de Vehículos y Tránsito para que, en casos donde un ciudadano apela una multa de tránsito y no prevalece, los plazos para aplicar descuentos (30% si se paga antes de 15 días, 15% si se paga antes de 30 días) o recargos comiencen a contar desde que la sentencia judicial es final y firme. La medida busca corregir problemas de implementación que impiden a los sistemas de cobro reflejar esta disposición, afectando a ciudadanos que impugnan multas y a las agencias recaudadoras.

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACPR) a identificar los fondos necesarios y realizar el proyecto de mejoras geométricas y reducción de congestión en la PR-153, entre la PR-542 y la entrada a Plaza Santa Isabel; garantizar la seguridad y el bienestar de todos los conductores que transitan por dicha vía; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACPR) a identificar los fondos necesarios y ejecutar un proyecto de mejoras geométricas y reducción de congestión en la PR-153, entre la PR-542 y la entrada a Plaza Santa Isabel. Establece plazos de 90 días para identificar fondos y 60 días adicionales para subastar y adjudicar, con el objetivo de iniciar la obra en 2025. Busca garantizar la seguridad vial durante y después de la construcción.

Para enmendar el Artículo 4.12 (B) de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines de incluir las grúas entre los vehículos de motor que ante situaciones de emergencia requieren a los conductores cambiar al carril más lejano a la zona de emergencia o paseo, si el tránsito o el tipo de vía pública lo permite; o si no es posible el cambio de carril, el conductor deberá reducir su velocidad.

La Ley 128-2025 enmienda el Artículo 4.12(B) de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. La medida añade explícitamente las grúas a la lista de vehículos (junto a emergencias, orden público, camiones de remolque y mantenimiento) que requieren que los conductores cambien de carril o reduzcan su velocidad a 20 mph por debajo del límite permitido al pasar por una zona de emergencia o paseo. La violación de esta disposición conlleva una multa administrativa de $150.