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Corrupción y gobernanza

237 medidas relacionadas. Clasificación automática y aproximada.

PC 1526·Medida·Proyecto (Cámara)

Para crear la “Ley de Fiscalización del Uso de Fondos Públicos por Personas Privadas”; facultar a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para auditar a toda persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, que reciba más de quinientos mil (500,000) dólares en fondos públicos durante un año fiscal; disponer el cómputo del umbral, los deberes de las personas cubiertas, las garantías de las personas requeridas, la cláusula obligatoria de acceso del Contralor y las consecuencias del incumplimiento; enmendar los Artículos 3 y 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, “Ley de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y el Artículo 5 de la Ley Núm. 237 de 31 de agosto de 2004, según enmendada; “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” y para otros fines relacionados.

Crea la Ley de Fiscalización del Uso de Fondos Públicos por Personas Privadas y enmienda los Artículos 3 y 11 de la Ley 9-1952 y el Artículo 5 de la Ley 237-2004; no deroga requisitos vigentes. Considera cubierta a una persona privada que reciba más de $500,000 en un año fiscal, sumando fondos de distintas entidades y personas vinculadas, y mantiene esa condición durante los tres años fiscales siguientes; ciertos pagos, como fondos federales canalizados por el Gobierno e incentivos contributivos, no cuentan para el umbral. Las personas cubiertas deberán llevar registros identificables, conservarlos por seis años y rendir un informe juramentado dentro de 120 días del cierre de cada año en que superen el umbral; las entidades otorgantes informarán antes del 31 de agosto sobre receptores que hayan recibido más de $100,000. El incumplimiento puede dar lugar a retención de pagos, inelegibilidad, multas de hasta $5,000 por requerimiento y recobro; además, la medida deja expresamente a salvo la facultad del Contralor de fiscalizar a personas privadas sin importar la cuantía recibida.

●2 a favor●3 en contra

Última acción: 19 oct 2026

RC 764·Medida·Resolución (Cámara)

Para enmendar la Sección 5 de la Resolución de la Cámara 18, aprobada el 20 de octubre de 2025, a los fines de extender hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa, el término otorgado a las Comisiones de la Región Este; y de la Región Metro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir el informe final de la investigación sobre las escuelas públicas cerradas por el Departamento de Educación en los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto.

La RC 764 enmienda la Sección 5 de la Resolución de la Cámara 18, que ordenó una investigación sobre las escuelas públicas cerradas por el Departamento de Educación en Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto. La investigación abarca su estado, impacto comunitario, riesgos de seguridad, uso actual y alternativas de reutilización. La medida cambia el plazo para que las Comisiones de la Región Este y de la Región Metro rindan el informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones: fija como límite el final de la Vigésima Asamblea Legislativa. Es una resolución interna de la Cámara, no una ley que cree derechos u obligaciones para el público ni que asigne fondos.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PC 951·Medida·Proyecto (Cámara)

Para añadir un inciso (f) al Artículo 20 de la Ley Núm. 107-2025, conocida como “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”; y para otros fines relacionados.

Añade un inciso (f) al Artículo 20 de la Ley 107-2025: obliga a las ramas del Gobierno, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios a digitalizar documentos oficiales administrativos finales dentro de 20 días laborables, en formato buscable y no editable, con resguardo seguro. Excluye borradores, notas y documentos preparatorios; ciertos documentos protegidos siguen sus regímenes especiales, y la Sección 4 excluye a la OEG, la OIG y la OPFEI de toda la Ley 107-2025, no solo del nuevo deber. Los documentos físicos podrán disponerse tras cinco años fiscales desde su digitalización certificada, pero deben respetarse plazos mayores, procesos activos y documentos históricos o permanentes, y la destrucción requiere listas aprobadas. Crea un Comité Interagencial presidido por PRITS: debe emitir un plan escalonado en 180 días; luego hay 365 días para inventariar los documentos y otros 365 para digitalizar los documentos cubiertos, plazo que puede prorrogarse; los documentos anteriores se digitalizarán gradualmente. OGP identificará fuentes de fondos existentes y podrá recomendar asignaciones especiales; además, se requieren capacitaciones obligatorias y continuas para el personal concernido.

●3 a favor●3 en contra

Última acción: 19 oct 2026

RC 760·Medida·Resolución (Cámara)

Para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 4, aprobada el 31 de marzo de 2025, a los fines de extender hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa, el término otorgado a la Comisión de la Región Este de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir el informe final de la investigación sobre la implementación de las disposiciones de la Ley 25-2018.

Enmienda la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 4 para cambiar el plazo del informe de la Comisión de la Región Este: en vez de entregarlo no más tarde de la Séptima Sesión Ordinaria, deberá hacerlo «en o antes de que culmine el término de la Vigésima Asamblea Legislativa». El informe debe incluir hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La investigación original trata sobre la implementación de la Ley 25-2018, que designó como ruta de turismo gastronómico un tramo de la PR-187 en Loíza.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PC 573·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el Art. 2.010 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, para que disponga que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico ocupará dicho cargo por un término de cinco años, mientras cuente con la confianza del Gobernador; asimismo, que el Gobernador podrá relevar del cargo al Comisionado en caso de que este deje de gozar de su confianza; y para otros fines relacionados.

Enmienda el Artículo 2.010 del Código de Seguros, que hoy exige que el Gobernador nombre al Comisionado con el consejo y consentimiento del Senado y establece que responde directamente al Gobernador, pero no fija un término en ese artículo. Añade un término de cinco años, condicionado a que el Comisionado conserve la confianza del Gobernador. También autoriza al Gobernador a relevarlo si deja de contar con esa confianza. No cambia el requisito de confirmación del Senado para el nombramiento ni asigna fondos.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 19 oct 2026

Ley 209-2026 (PC 319)·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el Artículo 6, inciso ff de la Ley Núm. 75- 2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) a los fines de establecer un término de noventa (90) días laborables para la revisión, evaluación y aprobación de cualquier proyecto de creación, implantación, modificación, migración y actualización de las bases de datos, innovación, información y tecnología a ser adoptadas por las agendas, cuando los fondos para sufragar dichos proyectos sean subvencionados en su totalidad con fondos federales; y para otros fines relacionados.

La Ley 209-2026 enmienda el Artículo 6(ff) de la Ley 75-2019 y conserva la facultad de PRITS de revisar, evaluar y aprobar proyectos de creación, implantación, modificación, migración y actualización de bases de datos, innovación, información y tecnología de las agencias. Para los proyectos financiados totalmente con fondos federales, obliga a PRITS a completar la revisión y emitir comentarios, requerimientos de información o sugerencias para aprobar o denegar dentro de 90 días laborables. No elimina la aprobación de PRITS ni exime a esos proyectos de revisión; los proyectos con fondos federales y no federales mezclados no reciben este plazo. La ley entra en vigor 30 días después de su aprobación.

●1 a favor●3 en contra

Última acción: 16 oct 2026

PS 1418·Medida·Proyecto (Senado)

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 6, y añadir un nuevo Artículo 9 a la Ley 145- 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Creación de un Grupo Interagencial Especial del Sector Playita del Bo. Santurce”; a los fines de incluir los sectores Chícharo, Shangai, Villa Palmeras, Mira Palmeras y Seboruco aledaños al Sector Playita de Santurce, dentro de la jurisdicción y funciones del Grupo Interagencial Especial; y para otros fines relacionados.”

Enmienda el Artículo 6 para incluir a Chícharo, Shangai, Villa Palmeras, Mira Palmeras y Seboruco junto con El Checo dentro de la definición de “Sector Playita”; el Artículo 8 ya incluía a El Checo. Añade un Artículo 9 que incorpora esos cinco sectores y sus residentes a los propósitos y disposiciones de la ley, y exige al Grupo un informe inicial sobre su inclusión en un plazo de 180 días desde la aprobación. Añade un Artículo 10 que autoriza al Grupo a concertar acuerdos, contratos o memorandos con agencias, municipios, la academia y entidades públicas y privadas para cumplir los propósitos de la ley. También incorpora una cláusula de supremacía sobre disposiciones legales o reglamentarias incompatibles; no asigna fondos nuevos ni elimina disposiciones vigentes.

●3 a favor●3 en contra

Última acción: 16 oct 2026

RC 42·Medida·Resolución (Cámara)

Para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la creación, modificación, desempeño, división, consolidación, integración y supresión de agencias del Gobierno de Puerto Rico; legislación que afecte a la Oficina propia del Gobernador y las oficinas, departamentos y agencias gubernamentales; legislación relacionada a las leyes de personal y gobierno en general; la gestión de la digitalización del gobierno en la administración pública; alcanzar un nivel óptimo de eficiencia mediante la maximización de las tecnologías de información y comunicación; el intercambio de información entre las entidades gubernamentales y la ciudadanía; el acceso a la información en el Gobierno; legislación de carácter general que incida sobre el gobierno estatal; la evaluación de las propuestas y formulación de la política energética de la Isla, especialmente aquella dirigida a la reducción de la dependencia en los combustibles de fuentes fósiles y el fomento en la creación y uso de combustible orgánico, el uso de tecnología de fuentes renovables, la autosuficiencia energética; todo asunto concerniente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluya, sin que se entienda como una limitación, los contratos, infraestructura, operación, capacidad de generación, productividad, desempeño, costos, creación de empleos y reducción de tarifas; sobre todo asunto relacionado con el Código Electoral; sobre toda actual y potencial legislación electoral; y para otros fines relacionados.

La resolución ordena a la Comisión de Gobierno investigar asuntos que abarcan la organización de agencias, la administración pública, la digitalización, el acceso a información, la política energética, la Autoridad de Energía Eléctrica y la legislación electoral. Las secciones 2 y 3 autorizan a la Comisión a citar personas y entidades relacionadas con esos asuntos y a solicitar documentos e información. La Comisión debe rendir los informes parciales que estime necesarios y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa. No enmienda leyes ni asigna fondos; afecta directamente el trabajo de la Comisión y a quienes esta cite o requiera información.

●2 a favor●1 en contra

Última acción: 16 oct 2026

PC 1508·Medida·Proyecto (Cámara)

Para crear la "Ley para la Independencia, Profesionalización y Uniformidad de la Adjudicación Administrativa del Gobierno de Puerto Rico"; establecer la Oficina de Adjudicación Administrativa de Puerto Rico como una entidad independiente de la Rama Ejecutiva encargada de celebrar y adjudicar, con las excepciones expresamente dispuestas, los procedimientos administrativos de naturaleza adversativa que se originen en las agencias, departamentos, oficinas, administraciones, juntas, comisiones, corporaciones públicas y demás instrumentalidades comprendidas por esta Ley; crear un cuerpo profesional y especializado de jueces administrativos sujeto al principio de mérito; separar institucionalmente las funciones de investigación, fiscalización, formulación de cargos y reglamentación de la función adjudicativa; establecer un sistema uniforme para la asignación, tramitación y resolución de las controversias administrativas; reducir progresivamente la contratación externa de oficiales examinadores y jueces administrativos; establecer mecanismos para la transferencia, movilidad, reubicación, capacitación y protección de los empleados públicos que actualmente desempeñan funciones adjudicativas; disponer sobre la transferencia y utilización de recursos presupuestarios actualmente destinados a dichas funciones; enmendar la Sección 3.3, el inciso (a) de la Sección 3.13 y las Secciones 3.14, 3.15 y 4.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"; añadir una Sección 6.4A al Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; ordenar la identificación de las disposiciones legales y reglamentarias que requieran enmiendas conformadoras; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

Crearía la Oficina de Adjudicación Administrativa de Puerto Rico, dentro de la Rama Ejecutiva pero con autonomía, para atender como regla los procedimientos administrativos adversativos de las agencias cubiertas; la agencia que promueve el caso conservaría la investigación y la presentación de su posición, pero no podría cambiar la decisión final del juez administrativo. Enmienda las secciones 3.3, 3.13(a), 3.14, 3.15 y 4.2 de la Ley 38-2017, y añade una sección a la Ley 8-2017: elimina para los casos transferidos la facultad de las agencias de designar sus propios jueces administrativos y oficiales examinadores, y cambia la inmunidad legal, que pasaría de cubrir recomendaciones a incluir también determinaciones, órdenes, resoluciones e informes, sujeta a las condiciones existentes. Los jueces serían abogados con al menos cinco años de experiencia; el Juez Administrativo Jefe, nombrado por el Gobernador con consentimiento del Senado, tendría un término de seis años y podría ser removido por justa causa. Las agencias tendrían 90 días para inventariar recursos y gastos; la Oficina empezaría a recibir casos dentro de 12 meses y la transferencia general debería completarse en 18 meses, con la transferencia de las funciones adjudicativas de la Comisión Apelativa del Servicio Público. El plan también establece un sistema electrónico de asignación y manejo de casos, decisiones públicas gratuitas y protección de movilidad y salario base para empleados de carrera afectados.

●2 a favor●4 en contra

Última acción: 15 oct 2026

PS 1524·Medida·Proyecto (Senado)

Para añadir un nuevo Artículo 4-A a la Ley 122-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer expresamente la titularidad, custodia, control, disponibilidad y portabilidad de la información gubernamental; garantizar el derecho continuo de los organismos gubernamentales a acceder y recuperar la información generada, recopilada, administrada o almacenada mediante contratos con personas naturales o jurídicas; prohibir que contratistas, proveedores o terceros retengan, bloqueen o condicionen la entrega de dicha información por razón de controversias económicas o contractuales; establecer obligaciones de preservación, entrega e interoperabilidad; disponer los remedios correspondientes; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1524 añadiría el Artículo 4-A a la Ley 122-2019, que rige principalmente a organismos de la Rama Ejecutiva y a ciertos datos manejados por entidades privadas en funciones públicas o con recursos públicos. Establecería que la información producida o manejada mediante funciones públicas o contratos gubernamentales queda bajo la titularidad, custodia y control jurídico de la entidad pública correspondiente, y prohibiría a contratistas y terceros bloquearla, alterarla, eliminarla o retenerla por falta de pago, disputas o terminación del contrato. Exigiría preservarla y entregarla cuando la entidad la requiera legítimamente, en formatos que permitan recuperarla y transferirla, y dejaría nulas las cláusulas contractuales incompatibles; no transfiere automáticamente propiedad intelectual sobre programas o tecnología ni autoriza divulgar información protegida. No elimina disposiciones vigentes y comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación.

●2 a favor●2 en contra

Última acción: 15 oct 2026

PC 738·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el inciso Ñ del Artículo 5, añadir un nuevo Artículo 6 y renumerar el actual Artículo 6 como 7 de la Ley 237-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA”, a los fines de prohibir el beneficio económico de la contratación gubernamental a favor de personas que hayan declarado o admitido que han cometido delitos contra la integridad pública, de malversación de fondos públicos o delitos sujetos al Registro creado mediante el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, independientemente de si fueron procesados por las conductas delictivas, incluir la obligación de certificar el hecho de no haber declarado o admitido los delitos señalados como parte de las cláusulas mandatorias de estos contratos, ampliar las consecuencias por violar las disposiciones de la ley, específicamente no beneficiarse en forma alguna de la contratación gubernamental realizada a favor de personas jurídicas con quienes mantengan relaciones laborales, contractuales o como accionista y para la devolución inmediata de todo ingreso o beneficio producto del contrato con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades por violación de estas disposiciones; y para otros fines relacionados.

Enmienda el inciso Ñ del Artículo 5 de la Ley 237-2004: además de la condena o declaración de culpabilidad que ya se certificaba, incluye haber admitido la comisión de delitos contra la integridad pública o de malversación, y dispone que el contrato vigente se resuelva si la persona resulta culpable o admite esos delitos. Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente deben mantener un registro interno confidencial de acuerdos de inmunidad con esas admisiones, y toda entidad gubernamental debe consultarlo antes de contratar. También prohíbe que las personas impedidas obtengan beneficios de contratos concedidos a personas jurídicas con las que tengan relaciones laborales, contractuales o como accionistas. Añade un Artículo 6 que obliga al contratista a devolver inmediatamente todo ingreso o beneficio de un contrato otorgado sin cumplir estrictamente la ley, además de cualquier consecuencia criminal o administrativa; la ley entra en vigor al aprobarse.

●3 a favor●2 en contra

Última acción: 15 oct 2026

RC 845·Medida·Resolución (Cámara)

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, funcionamiento, administración, desempeño, efectividad y utilización del nuevo sistema Enterprise Resource Planning (ERP) basado en Oracle Cloud adoptado por el Gobierno de Puerto Rico; examinar su impacto sobre los procesos financieros, presupuestarios, operacionales, de compras, contratación, manejo de inventarios, recursos humanos, facturación y desembolso de fondos públicos en las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades gubernamentales; investigar las causas de las demoras reportadas en el procesamiento de facturas y pagos a suplidores y contratistas; evaluar los costos, beneficios y resultados de su implantación; determinar si el sistema está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue establecido; y para rendir informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo cualquier medida legislativa o administrativa que resulte necesaria.

La R. de la C. 845 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara investigar la implementación y el funcionamiento del ERP gubernamental basado en Oracle Cloud; no enmienda leyes ni asigna fondos. El alcance incluye agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades, y pide examinar, entre otros asuntos, contratos y costos, calendario de implantación, facturas pendientes, demoras en pagos, capacitación y medidas correctivas. La Exposición de Motivos afirma que el proyecto contempla 62 agencias, pero el articulado no fija esa cifra como límite del encargo. La Comisión debe rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones, pero no se establece un plazo para entregarlo.

●2 a favor●1 en contra

Última acción: 15 oct 2026

Ley 206-2026 (PC 1039)·Proyecto (Cámara)

Para derogar la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley del Relevo de la Inhabilidad Establecida por Ley para Ocupar Puestos Públicos a Personas con Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba o Pena Alternativa a la Reclusión"; enmendar los Artículos 6.6 y 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" con el propósito de eliminar la referencia a la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, según enmendada, ordenar y facultar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Deroga íntegramente la Ley 70-1963 y también elimina cualquier regla, reglamento, carta circular u otra norma vigente aprobada bajo esa ley. Enmienda la Sección 6.6(13) de la Ley 8-2017 para quitar la referencia a la Ley 70 y remitir al procedimiento de la Sección 6.8 cuando un empleado convicto cumpla sentencia en la libre comunidad. Enmienda la Sección 6.8(2)(b) y (d): personas residentes en Puerto Rico que cumplan una sentencia suspendida o libertad bajo palabra bajo sistemas correccionales de Puerto Rico, federales, del Distrito de Columbia o de otros estados, territorios o posesiones pueden pedir habilitación en cualquier momento; si se trata de un empleado público, la agencia debe presentar la solicitud si el empleado no lo hace y este sigue en su puesto hasta que el Director de OATRH determine lo contrario. Esa nueva redacción no menciona las penas alternativas a la reclusión, que sí estaban cubiertas expresamente por la Ley 70; además, se ordena a OATRH establecer las normas administrativas necesarias, sin fijar un plazo.

●2 a favor●3 en contra

Última acción: 14 oct 2026

PS 1513·Medida·Proyecto (Senado)

“Para crear la “Ley de Competencia y Transparencia en los Contratos de Servicios Financiados por Cargos a los Ciudadanos”; establecer la obligación de determinar y certificar el valor económico real de los contratos en que la contraprestación del contratista proviene, en todo o en parte, de cargos pagados por un ciudadano; requerir procesos competitivos para su adjudicación y renovación; regular las propuestas no solicitadas y prohibir el acceso previo a información, sistemas y personal gubernamental; disponer que los cargos por procesamiento se fijen por reglamento u ordenanza y sean razonables y proporcionales; requerir la certificación previa de la Puerto Rico Innovation and Technology Service; establecer el deber de contestar por escrito las recomendaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 32-A a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; añadir un nuevo Artículo 17-A a la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.035-A y enmendar los Artículos 2.036 y 8.002 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”

Crea una ley aplicable a las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva y a los municipios para contratos donde una empresa privada presta un servicio gubernamental y cobra cargos de procesamiento a quienes lo usan. El valor del contrato incluirá los pagos gubernamentales y el estimado de cargos a ciudadanos, calculado con el volumen de los tres años fiscales anteriores o, si no hay historial, con un estudio de demanda; ese valor lo certificará el principal funcionario de finanzas y se usará para determinar los requisitos de contratación y revisión. Sobre el umbral aplicable, exige subasta formal o solicitud de propuestas selladas, y asigna al costo total para los ciudadanos al menos el 30% de la puntuación; también exige que los cargos se aprueben por reglamento u ordenanza, sean razonables y proporcionales, y se muestren antes del pago. Prohíbe adjudicar directamente estos contratos por propuestas no solicitadas y limita el acceso previo del proponente a información no pública, sistemas y personal gubernamental; las emergencias permiten contratos de hasta 12 meses, sin renovación, y requieren iniciar competencia dentro de 60 días. Los contratos vigentes continúan hasta vencer, pero sus renovaciones deben cumplir la ley; la reglamentación general tiene un plazo de 120 días y los requisitos de cargos de los incisos 9(a) y 9(b), de 180 días.

●4 a favor●3 en contra

Última acción: 13 oct 2026

PS 1190·Medida·Proyecto (Senado)

Para crear la “Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico”, a los fines de imponer requisitos rigurosos para el ejercicio del cabildeo, establecer normas éticas reforzadas, prevenir conflictos de interés y la influencia indebida en la gestión gubernamental, incluyendo su extensión al cónyuge de exfuncionarios públicos, y establecer un régimen sancionador agravado; y para otros fines relacionados.

Crea la Ley para la Reglamentación del Cabildeo y convierte en requisito legal la inscripción en el Registro de Cabilderos, que administrará el Departamento de Justicia y que ya existe por orden ejecutiva; prohíbe cabildear sin inscripción. Exige divulgar clientes, personal autorizado y ciertos intereses comerciales, presentar una declaración jurada y reportar cambios en un término estricto de 15 días. Prohíbe por dos años, desde que termina el servicio público, hacer cabildeo remunerado ante la agencia, oficina, cámara legislativa o municipio donde se trabajó, y sobre asuntos específicos en los que se intervino personal y sustancialmente; también prohíbe evadir esas restricciones mediante terceros. Autoriza multas administrativas de hasta $100,000 y, por violaciones intencionales reiteradas, la suspensión del registro por hasta dos años; no crea un delito nuevo y permite referir hechos que constituyan delitos bajo otras leyes. Entra en vigor inmediatamente y da a Justicia 60 días para implementar cambios al registro; no deroga expresamente una ley vigente y el articulado aprobado no establece una prohibición automática para el cónyuge de un exfuncionario.

●3 a favor●4 en contra

Última acción: 13 oct 2026

PS 1210·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar el inciso (f)del Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services”, a los fines de incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Enmienda los Artículos 3 y 6 de la Ley 75-2019 para definir inteligencia artificial, irregularidad y la Plataforma de Monitoreo de Subastas Públicas, y asigna a PRITS el componente tecnológico y a la Administración de Servicios Generales las reglas operacionales. La plataforma cubriría las subastas de entidades de la Rama Ejecutiva bajo la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales; las entidades exentas podrían integrarse por acuerdo, sin perder las facultades que les conceden sus leyes orgánicas. Antes de crear un sistema nuevo, PRITS y la Administración de Servicios Generales deben evaluar los existentes y priorizar su integración o ampliación si es técnica y fiscalmente viable; solo se permite una plataforma nueva si aquellos no sirven adecuadamente. Dentro de 180 días de la vigencia, PRITS y las entidades colaboradoras deben presentar un plan con inventario, costos, fuentes de fondos y calendario; este procurará que la plataforma opere dentro de 24 meses desde la presentación, pero PRITS puede certificar una extensión por razones técnicas o fiscales. La ley entra en vigor de inmediato para preparar el plan, pero la contratación, adquisición e implantación quedan condicionadas a que PRITS certifique que hay fondos identificados y disponibles; no deroga disposiciones de la ley base.

●3 a favor●3 en contra

Última acción: 13 oct 2026

PC 1473·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 10 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas” y el Artículo 263 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida con el “Código Penal de Puerto Rico”, para establecer que el Presidente de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas o el Director Ejecutivo, cuando esta obligación le haya sido delegada por dicha Junta, será el funcionario responsable, como parte de los deberes de su cargo, de confeccionar, aprobar y rendir los informes anuales sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por los contratantes con los contratos de alianza vigentes, así como disponer de manera específica que dicho funcionario estará sujeto a sanciones penales tipificadas por incumplimiento de esta obligación; y para otros fines relacionados.

Enmienda el inciso (d) del Artículo 10 de la Ley 29-2009 y el Artículo 263 del Código Penal. La Ley 29 ya exige un informe anual sobre los proyectos y el cumplimiento de los contratos de alianza, pero la medida asigna su preparación, aprobación y entrega al Presidente de la Junta de la Autoridad o al Director Ejecutivo si la Junta le delega esa función. En el Código Penal, añade como conducta delictiva dejar de confeccionar, aprobar y rendir informes bajo la responsabilidad del funcionario, requeridos por ley y necesarios para fiscalizar servicios o contratos gubernamentales con entidades privadas; conserva el requisito de incumplimiento obstinado y negligente. La omisión de esos informes quedaría sujeta a delito menos grave y restitución; la pena de tres años de reclusión y restitución por pérdidas o daños que excedan $10,000 ya existe, y el texto no aclara si esa pena mayor alcanza también la omisión de informes sin pérdida o daño.

●1 a favor●2 en contra

Última acción: 8 oct 2026

RS 621·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina del Procurador del Ciudadano, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada; y para otros fines relacionados.

La R. del S. 621 es una resolución investigativa: no enmienda ni deroga la Ley 134-1977 ni crea derechos nuevos para quienes presentan querellas. Ordena a la Comisión de Gobierno del Senado examinar la operación de la Oficina del Procurador del Ciudadano, en particular el manejo y la resolución de querellas, el personal y los recursos, la accesibilidad de los servicios y el cumplimiento de sus deberes bajo esa ley. La Comisión podrá celebrar vistas, citar funcionarios y testigos y requerir información, documentos y objetos. Deberá rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de los 90 días siguientes a la aprobación.

●2 a favor●1 en contra

Última acción: 8 oct 2026

PC 1470·Medida·Proyecto (Cámara)

Para crear la "Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía de Puerto Rico"; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico de que todo contrato o acuerdo mediante el cual una entidad gubernamental comprometa fondos públicos con una entidad privada, por una cuantía de quinientos millones de dólares ($500,000,000) o más, calculada según se dispone en esta Ley, requiera el visto bueno de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como condición previa a su firma o vigencia; disponer que dicho visto bueno se otorgue mediante un proceso de verificación posterior a la negociación, y no de renegociación, a cargo de la Asamblea Legislativa; crear la Comisión Especial Conjunta de Verificación de Contratos Gubernamentales; establecer los términos, el procedimiento, las certificaciones requeridas, un procedimiento abreviado aplicable durante emergencias declaradas, la regla de aprobación tácita por silencio administrativo, las consecuencias de nulidad y para otros fines relacionados.

Crea la Ley de Verificación Legislativa de Contratos Gubernamentales de Gran Cuantía y exige visto bueno legislativo antes de firmar contratos de entidades públicas, municipios o la Universidad de Puerto Rico con entidades privadas por $500 millones o más. El umbral se calcula agregando pagos y contratos relacionados durante toda la vigencia, incluidas las opciones ya pactadas; quedan fuera las transacciones que ya tengan un mecanismo específico de aprobación legislativa, y los contratos ya firmados al entrar en vigor no se revisan retroactivamente. Tras concluir la negociación, la entidad tendría 30 días para someter el contrato y el expediente; una comisión de ocho legisladores tendría 20 días para informar y ambos cuerpos, 45 días desde el sometimiento para aprobarlo o rechazarlo, con aprobación tácita si no lo rechazan y no hay informe adverso. En emergencias declaradas se permite vigencia provisional, con sometimiento en 10 días laborables, informe en 10 días y voto en 20 días; incumplir el proceso puede causar nulidad y responsabilidad personal civil y disciplinaria para el funcionario que actúe a sabiendas.

●2 a favor●4 en contra

Última acción: 5 oct 2026

PS 1032·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar los Artículos 2, 7, 9 y 10 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, a los fines de disponer que toda la información que deba publicarse en los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de dicha Ley, esté disponible en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1032 enmienda la Ley 151-2004, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", para exigir que toda la información publicada en los portales de Internet de las agencias gubernamentales esté disponible en español e inglés. Esto aplica a definiciones de documentos, deberes de las agencias en cuanto a publicación de información, el informe anual de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), y los derechos de los ciudadanos a acceder a información y servicios gubernamentales en ambos idiomas. La ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

●3 a favor●4 en contra

Última acción: 5 oct 2026

PC 1460·Medida·Proyecto (Cámara)

Para exigir que la autenticidad de las firmas de las partes contratantes en todo contrato que otorgue una entidad gubernamental, según definida en esta Ley, cuya cuantía exceda los quinientos mil dólares ($500,000), sea juramentada ante notario público autorizado a ejercer en Puerto Rico; disponer que en todo contrato que se otorgue entre una entidad gubernamental y una persona jurídica, esta deberá presentar una resolución corporativa que autorice a la persona natural firmante a representarle y obligarle en dicho contrato; disponer que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la nulidad absoluta del contrato otorgado; ordenar la certificación previa al desembolso de fondos; disponer para la reglamentación instrumentadora de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Crea una ley aplicable a contratos, órdenes de compra y otros instrumentos entre cualquier entidad gubernamental de Puerto Rico, incluidos los poderes Legislativo y Judicial, y una persona natural o jurídica. Si el valor total de un contrato excede $500,000, exige que las firmas de todas las partes sean reconocidas y juramentadas ante un notario autorizado en Puerto Rico; si enmiendas posteriores hacen que el total supere esa cifra, exige la juramentación en la enmienda que cruza el umbral. Para todo contrato con una persona jurídica, sin importar la cuantía, exige una resolución que autorice específicamente a quien firma; incumplir los requisitos de firma o de resolución conlleva nulidad absoluta, y antes de desembolsar un funcionario debe certificar por escrito el cumplimiento aplicable. La Oficina de Gerencia y Presupuesto tendría 90 días desde la aprobación para reglamentar la implantación en el Poder Ejecutivo; la ley entraría en vigor inmediatamente y no deroga disposiciones existentes.

●2 a favor●3 en contra

Última acción: 5 oct 2026

RS 613·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el Contrato Núm. 2026-000102, otorgado entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y Enzo Group, LLC, para servicios de agrimensura, consultoría y peritaje; las representaciones realizadas con respecto a los profesionales licenciados que participarían en la prestación y certificación de los servicios contratados; la identidad de los profesionales que efectivamente hayan realizado, firmado, sellado o certificado trabajos relacionados con dicho contrato; el cumplimiento de las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias aplicables; la existencia de otros contratos gubernamentales en los que se haya representado la participación de profesionales licenciados que no hayan participado en los trabajos correspondientes; y para otros fines relacionados.

La R. del S. 613 ordena a una comisión del Senado investigar el contrato 2026-000102 del DRNA con Enzo Group, LLC y verificar quién realizó, firmó, selló o certificó los trabajos, además del cumplimiento contractual y profesional. Requiere al DRNA entregar en 20 días nueve categorías de documentos, y requiere a Enzo Group y a su presidente comparecer y someter información; también solicita datos a la Junta Examinadora, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores y a la Administración de Servicios Generales. La investigación se extiende a otros contratos y documentos de cualquier agencia, instrumentalidad o corporación pública que presenten las circunstancias descritas, y la comisión debe rendir hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 90 días de ser asignada. No enmienda leyes ni crea derechos u obligaciones generales; ordena esta investigación legislativa y autoriza a la comisión a citar personas, requerir documentos y realizar inspecciones.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 1 oct 2026

PS 1283·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar los incisos (aa) y (gg) del Artículo 1.2 y el inciso (c) del Artículo 4.7 de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de aclarar las definiciones de “persona privada” y “servidor público”; establecer expresamente que los contratistas independientes, consultores, asesores externos, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, licitadores, participantes en procesos de compras, entidades sin fines de lucro, corporaciones privadas y demás personas naturales o jurídicas que mantengan una relación contractual, profesional, consultiva, comercial, colaborativa o administrativa con el Gobierno no serán considerados servidores públicos por el solo hecho de contratar, asesorar, colaborar, recibir fondos, participar en procesos administrativos o prestar servicios al Gobierno; disponer los criterios excepcionales bajo los cuales una persona privada podrá ser considerada servidor público para fines de esta Ley cuando su contrato, designación o encomienda equivalga sustancialmente a un puesto o cargo público, o cuando se le haya delegado expresamente autoridad pública decisional; codificar el estándar probatorio de prueba clara, robusta y convincente en los procedimientos administrativos sancionadores de la Oficina de Ética Gubernamental; establecer el peso probatorio aplicable cuando se alegue que una persona privada debe ser tratada como servidor público; ordenar la revisión de reglamentos, guías, protocolos, manuales y materiales educativos; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1283 buscaba enmendar la Ley Orgánica de la Ética Gubernamental (Ley 1-2012) para clarificar las definiciones de 'persona privada' y 'servidor público'. Proponía establecer que contratistas, consultores y otros proveedores de servicios no son servidores públicos por el solo hecho de su relación contractual, salvo excepciones específicas. También buscaba codificar el estándar probatorio de 'prueba clara, robusta y convincente' para la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en procedimientos sancionadores y ordenar la revisión de reglamentos internos de la OEG.

●4 a favor●4 en contra

Última acción: 29 sept 2026

RC 816·Medida·Resolución (Cámara)

Para enmendar la Sección 3 de la R. de la C. 219, aprobada el 14 de enero de 2026, a los fines de extender hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa, el término otorgado a la Comisión de la Región Oeste de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para rendir su informe con respecto a la medida.

La Resolución de la Cámara 816 propone enmendar la Sección 3 de la Resolución de la Cámara 219, aprobada el 14 de enero de 2026. El propósito es extender el plazo otorgado a la Comisión de la Región Oeste de la Cámara de Representantes para rendir su informe de investigación sobre la otorgación de vales educativos por el Departamento de Educación en Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros. El nuevo plazo se extiende hasta el final de la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 28 sept 2026